El gobierno provincial aumentó un 80% los montos de ayuda social y asiste a diario a unas 325 mil personas en materia nutricional. A la par, se realizan auditorías en comedores y copas de leche con convenios de la gestión anterior. Ya se encontraron al menos 100 con irregularidades, sobre un 17% relevado. Hay denuncia judicial.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, dio a conocer un informe sobre las primeras acciones que viene ejecutando la cartera a su cargo desde el inicio de la gestión. Fue este martes en Casa de Gobierno, en una conferencia de prensa de la que también tomó parte el secretario de Desarrollo Territorial, Sergio Basile.
Tejeda remarcó que “desde que asumimos el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que ningún niño o niña se quede sin un plato de alimento; tenemos ese desafío, pero también el desafío de ser eficientes con el uso de los recursos y así encaramos el trabajo desde el primer día que asumimos”.
“Hay muchas instituciones que trabajan muy bien ante esta realidad que vivimos, con índices de pobreza superando el 55 %, indigencia más del 15 %. Son datos que nos duelen y es por eso que asumimos este desafío y estamos actualizando con un aumento promedio del 80 % las partidas para programas alimentarios”, detalló Tejeda.
La ministra también señaló que “desde Nación no estamos recibiendo ningún acompañamiento, ningún programa con respecto a seguridad alimentaria. Hasta el día de hoy no hay ningún convenio firmado. El gobernador nos pidió que hagamos el esfuerzo para poder llegar a cada uno de esos espacios que son comedores, son instituciones que vienen trabajando y vienen trabajando muy bien”.
Tejeda detalló que “estamos pasando de 1.090 millones a 1900 millones de inversión mensual porque sabemos de primera mano que esto es necesario. Nosotros recibimos y escuchamos a todas las instituciones y a las personas, también a los municipios y comunas que nos demandan el acompañamiento en programas alimentarios”, aseguró la funcionaria.

Cuidado de los recursos

A su turno, Sergio Basile brindó los pormenores de distintos relevamientos de control que desde el área se están llevando adelante en convenios celebrados durante la gestión anterior: “Instamos a nuestros equipos a que generen auditorías y controles en el territorio. Para eso fue fundamental también el trabajo de la planta permanente de todo el equipo de seguridad alimentaria, porque realmente encontramos aliados en querer hacer las cosas bien”, contó.
Basile especificó que sobre el 17 % del total de 900 comedores ya auditados, se encontró irregularidades de diferente tipo en 100. Y puso como ejemplo dos casos graves: “Detectamos una supuesta suplantación de identidad donde una persona, un titular de una tarjeta, recibía dinero, fondos públicos de este Ministerio y no conocía esa existencia de los fondos en la tarjeta de su titularidad; y por otro lado, nos hemos topado con que donde se enviaban fondos para un comedor o una copa de leche, había una plaza o un depósito vacío. Los vecinos de la zona también a través de las consultas que hicimos y entrevistas, nos manifestaron que nunca existió ese supuesto comedor o copa de leche, o que hace tiempo ya no existían. Pero seguían recibiendo los fondos”.
El funcionario agregó que “hicimos las denuncias pertinentes ante la Justicia con la ministra porque entendemos que se tiene que trabajar de esta manera. Aquellos que hacen las cosas bien van a tener nuestro acompañamiento, vamos a trabajar codo a codo y aquellos que hacen las cosas mal y que buscan un atajo, una alternativa y sobre todo defraudan al Estado, van a tener que dar explicaciones en la Justicia”, afirmó.
Finalmente, Basile admitió que “los recursos son finitos y sabemos que estamos pasando un momento muy difícil en la provincia de Santa Fe”, al mismo tiempo que confirmó que “hay una decisión muy clara de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro: vamos a atender la seguridad alimentaria, trabajamos para que cada santafesino tenga su plato de comida”.

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La Agencia Provincial de Seguridad Vial desplegó 25 puntos de control monitoreando los principales factores de riesgo en rutas, autopistas y zonas de alta circulación vehicular.

En el marco del Operativo Verano, el Gobierno de la Provincia implementó 765 operativos de control y prevención en 25 puestos que estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Vial (PSV) en los puntos limítrofes de ingreso al territorio santafesino, en las principales rutas y autopistas y zonas de alta circulación vehicular.
El Operativo, que comenzó el 21 de diciembre pasado, se desarrolla con el objetivo de fijar la presencia del Estado en los ingresos a la provincia que permitan identificar prácticas de riesgo entre los conductores. En ese marco, se fiscalizaron 18.502 vehículos de distinto porte y se labraron 3.306 actas de infracción. Asimismo, se practicaron 13.539 test de alcoholemia, 13.114 con alcotest y 425 con alcoholímetro. De este total, 122 conductores arrojaron resultado positivo, de los cuales, 101 conducían autos particulares, ocho motos y 13 eran choferes profesionales. Finalmente, 63 vehículos fueron remitidos a los distintos corralones municipales por infracciones graves.

Conductas de riesgo

En los puestos de control se revisan cuestiones relacionadas con la seguridad vial, como documentación, capacidad de pasajeros, uso de cinturones, entre otras. Además, se monitorean situaciones de seguridad pública que puedan afectar a los ciudadanos.
El pasado domingo, por caso, un conductor particular circulaba en forma zigzagueante por Ruta Nacional Nº 33, a la altura de la localidad de Sancti Spiritu. Los agentes observaron esta conducción peligrosa y detuvieron el vehículo y, al realizarle el test de alcoholemia al conductor, registraron 2,25 grs. de alcohol en sangre. Como consecuencia de la infracción se labró el acta correspondiente, se le retiró la licencia de conducir al responsable y el vehículo fue remitido al corralón de Sancti Spiritu.

Puestos de control

Los puestos de control están distribuidos estratégicamente en todo el territorio provincial bajo la supervisión de personal policial de las unidades regionales de Reconquista, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto, San Cristóbal y la Brigada Motorizada. Del total, 10 puestos están emplazados en ingresos a la provincia a través de rutas provinciales y nacionales y los demás están ubicados en vías con alta circulación vehicular.

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PEQUEÑAS ACCIONES GRANDES CAMBIOS: CONDUCCIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO CIUDADANO

Actuaciones del operativo de tránsito realizado este viernes 29 de julio, con el acompañamiento de la policía local:
Actas de notificación:
• 22 por falta de uso de dispositivos reglamentarios (casco, luces, espejos, etc., Art. 60 – Ord. N° 508/2004).
• 3 por circulación sin Licencia de Conducir (Art. 56 – Ord. N° 508/2004).
Actas de Infracción:
• 1 por circulación sin Licencia de Conducir (Art. 56 – Ord. N° 508/2004).
• 2 por falta de uso de casco (Art. 60 – Ord. N° 508/2004).
• 1 por uso de dispositivo antireglamentario y ruidos molestos (Art. 58 – Ord. N° 508/2004).
Retenciones de vehículos:
• 1 por circulación de menor (Art.56 – Ord. N°508/2004).
• 1 por ruidos molestos (Art. 59 – Ord. N°508/2004).

Pequeñas acciones, grandes cambios Te queremos a salvo

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La Legislatura de la Provincia de Santa Fe convirtió en Ley las modificaciones para el tratamiento y control de envases vacíos de fitosanitarios. El proyecto tuvo inicialmente media sanción en la Cámara de Senadores, logrando ahora la aprobación definitiva en Diputados.

Inicialmente, a fines de julio de 2021, el Senado aprobó por unanimidad un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial que reforma la Ley 13.842, que había nacido en esa Cámara a través del impulso de un proyecto del senador Alcides Calvo, quien destacó la labor conjunta realizada con la Agencia de Extensión Rural del INTA Rafaela y presidentes comunales e intendentes del Departamento Castellanos.

El espíritu de la ley es el control de la contaminación, el manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola remanentes de las aplicaciones y sus envases vacíos, siguiendo las normas nacionales.

El proyecto del Poder Ejecutivo modifica los artículos 1 y 7, y deroga los artículos 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, de la Ley 13842 – Sistema provincial de gestión diferencial e integral de envases vacíos de fitosanitarios utilizados en la producción agrícola.

En su tercer artículo prohíbe el abandono, quema en el campo, enterramiento o reutilización para un fin para el cual no fue creado de los envases de fitosanitarios vacíos y la comercialización o entrega de envases a personas humanas o jurídicas por fuera del sistema autorizado.

Entre otros cambios, al territorio provincial podrán ingresar esos envases plásticos provenientes de otras provincias para su reciclado en plantas industriales especializadas en esas «mercancías peligrosas», según la denominación que propone la reforma (en lugar de «residuos peligrosos»).

Oportunamente, el senador Alcides Calvo, avaló el mensaje impulsado por el Gobierno Provincial de Omar Perotti y aseguró que la norma modificada, que el propio Calvo había impulsado hace más de tres años junto con comunas, municipios, INTA Rafaela y entidades intermedias, y que fuera aprobada por unanimidad por sus pares. Calvo y subrayó además que, “esta iniciativa surge con la idea clara y práctica de una agricultura que, sin desmedro de su productividad y sustentabilidad, preste atención y cuidado del medio ambiente y la seguridad de las personas, donde los envases de productos fitosanitarios sean recolectados, tratados debidamente y transformados en artículos útiles de una manera ambientalmente segura”.

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La titular de la AFIP aseguró que el acuerdo con el FMI «es la mejor solución posible para seguir creciendo, crear empleo y resolver cuestiones estructurales».

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) “es la mejor solución posible para seguir creciendo, crear empleo y resolver cuestiones estructurales”. Durante una entrevista , la funcionaria sostuvo que “es la manera de resolver la irresponsable decisión política que tomó el gobierno anterior al endeudarnos con el FMI”.
“Desde la AFIP vamos a mejorar la administración tributaria. Vamos a profundizar el trabajo realizado en materia de fiscalización y control de los sectores con mayor capacidad contributiva”, expresó Marcó del Pont al referirse al rol del organismo. En ese sentido la funcionaria precisó que entre los ejes del trabajo figuran las herramientas para el control en la comercialización de granos, las maniobras de sobre y subfacturación y el uso de imágenes satelitales.

“Contamos con herramientas y tecnología para llevar adelante mejores controles de los grandes contribuyentes. Para eso continuamos explotando la información recibida de distintos países sobre activos de argentinos alrededor del mundo”, sostuvo la titular de la AFIP.

Respecto a la política cambiaria, la funcionaria resaltó que “el FMI no pide una devaluación ni la desregulación de la cuenta capital, el Banco Central va a poder intervenir para administrar el mercado”.

Consultada sobre el rol del organismo en el hostigamiento fiscal de dirigentes políticos durante el gobierno de Mauricio Macri, Marcó del Pont advirtió que “la capacidad de daño que tiene la AFIP cuando actúa por fuera de los procedimientos es enorme. Nuestros trabajos de auditoría demostraron que a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos los fiscalizaron en la clandestinidad, sin avisarles ni derecho a la defensa. Armaron grupos de trabajo que estaban por fuera de las facultades que tenían para actuar, realizaron una ejecución fiscal que no debería haber existido”, advirtió la funcionaria.

La titular de la AFIP también adelantó el tratamiento de un proyecto de ley en el Congreso de Monotributo Inclusivo a partir del 1 de marzo, “para tratar de formalizar a gran parte de la economía popular”. Esta iniciativa “va a permitir incluir a muchas personas que son trabajadores y trabajadoras pero no son sujetos fiscales”, afirmó Marcó del Pont.

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Este viernes 25/09 se efectuaron los controles a personas y/o familias que se encuentran cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Esta medida forma parte de las múltiples acciones adoptadas en el marco de la pandemia por Covid-19. Es una manera de cuidarnos entre todos, siendo responsables y cumpliendo con la normativa vigente.

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El Gobierno Provincial, a través del ministro de Seguridad Marcelo Sain, presentó una nueva edición del ciclo de “Lineamientos del nuevo sistema de seguridad y policial de Santa Fe”. En esta oportunidad, se planteó la necesidad de profundizar el sistema externo de control policial y garantizar el derecho de la defensa policial ante situaciones de procesamiento administrativa o penal.

La misma se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Rosario y participaron especialistas en el tema y vecinos que pudieron evacuar consultas durante la transmisión en vivo, abierta a la comunidad. Estuvieron presentes el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; la directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Livatchky y  el fiscal de Rosario, Luis Schiappa Pietra.

UNA SECRETARÍA DE CONTROL POLICIAL

Sain abrió el encuentro haciendo referencia a la situación actual del sistema de control policial en la provincia de Santa Fe y expresó: “En el proyecto de Ley proponemos cambios muy profundos en el sistema de Control Policial y que requieren que se le de continuidad en el tiempo, por lo tanto es necesario que todos los niveles de gobierno lleguemos a un acuerdo y trabajar sobre estos cambios en conjunto”.

Asimismo, el titular de la cartera de Seguridad indicó que “hay sistemas de control policial interno, es decir, que se desenvuelven dentro de la misma policía, que son eficientes en el mundo y hay sistemas externos, que generalmente están vinculados en situaciones en las que la policía está atravesada por situaciones irregulares, y no han logrado construir un sistema eficiente y garantista”.

“En la actualidad vemos cuatro grandes problemas: violencia institucional, corrupción institucional, vinculaciones con el crimen o violencia de género y en esto queremos enfocarnos para profesionalizar a la policía y mejorar todos los niveles de la institución policial”, agregó el ministro.

Por otro lado, Sain destacó: “Es imprescindible que el policía pueda defenderse ante un proceso de investigación penal o administrativa y que puedan ejercer todos los derechos y garantías correspondientes a fin de conocer todo sobre el sumario administrativo y el proceso penal”.

“Hoy vemos que hay una lógica activa en el sistema de control policial que funciona ante una falta evidente o expuesta pero no hay ningún tipo de prevención de estas faltas porque carecen de la especialización necesaria en dicha materia”, continuó el funcionario.

El ministro también mencionó la creación de la Secretaría de Control Policial y la Agencia de Control Policial: “Esto nos permitirá tener un sistema que se enfoque en una función más preventiva, atenta a reconocer focos de corrupción interna o delitos criminales, fundamental para no tener un sistema netamente reactivo, que pueda trabajar en una investigación administrativa independiente de la parte judicial y penal, y que se base en una policía especializada en investigar principales hechos o crímenes”.

CONDICIONES LABORALES DE LA POLICÍA

Otro de los puntos tiene que ver con las condiciones laborales de los policías, para eso el gobierno creó la “Subsecretaría de Bienestar y Género”: “Esto es muy importante porque ninguna institución policial puede defender los derechos de los ciudadanos si, dentro de la propia organización, sus derechos están pisoteados. Este tema es indispensable”.

“La violencia laboral dentro de la policía es un tema relevante. Queremos retomar este tema, llevarlo a un plano legal y darle un nivel de profundidad. Para eso creamos un instrumento, y estamos continuando la iniciativa de gobiernos anteriores. Ahí deben estar sentados el Estado y los representantes de los y las policías discutiendo diversos temas. La calidad de la seguridad en la prestación del servicio policial también depende del bienestar de los y las policías”, afirmó el Ministro.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

También se refirió a la evaluación del desempeño policial, “No solo debemos procurar que no cometan faltas sino que cumplan sus funciones, tareas y acciones de funcionario público, es importante tener policías honestos pero también eficaces en sus tareas”.

En este sentido, “la Secretaria de control policial con funcionarios expertos en estas funciones, estarán enfocados en identificar, investigar y sancionar faltas graves y muy graves que pongan en tela de juicio la continuidad de los efectivos policiales dentro de la fuerza, que haga investigaciones planificadas y más profundas”.

“Todo lo que hemos diseñado es en base a los derechos básicos del personal policial, deberes, prohibiciones, principios básicos y obligaciones funcionales dentro de la institución policial, estrictamente referenciadas en su labor, nada ajeno al trabajo policial”, indicó Sain.

UN DEBATE ABIERTO

Por su parte, Paula Livatchky  remarcó: “Es un hecho inédito que este proyecto de Ley se someta a una discusión abierta al público, el nuevo sistema de control policial es imprescindible  y me parece que el planteo de proponer una reforma en la policía de Santa Fe es muy importante para todo el país”. “En general, la agenda de control policial es muy postergada en toda la República Argentina y ninguna policía está funcionando bien en este sentido, por ello esto es una oportunidad para crear una nueva policía dentro de la Fuerza que luego se puede replicar en el resto de las policías del país, a nivel federal estamos totalmente atrasados “.

Por otro lado, Luis Schiappa Pietra remarcó: “Es sin dudas una discusión central que hace a la democracia federal y sobre todo a la policía de Santa Fe, es sin dudas un debate de ruptura en la sociedad y claramente es una ley muy interesante por muchos aspectos”. “Es un proyecto que llevará un largo plazo pero que debe consolidarse en todos los estamentos de gobierno y poder construir juntos un discurso conjunto del Estado, para trabajar en un modelo integral de abordaje de esta problemática”, concluyó.

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El Ministerio de Salud de Santa Fe pone en marcha el Plan Accesos Cuidados en dos puntos de la provincia, en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), a partir de este lunes, en dos controles interprovinciales: autopista Rosario – Buenos Aires (peaje General Lagos), y ruta nacional 11 (en la localidad de Florencia), en el límite con Chaco.

“Santa Fe es la primera provincia que implementa el Plan Accesos Cuidados, con el objetivo de mantener los buenos números en cuanto a la baja circulación de Coronavirus”, explicó el titular de la APSV, Osvaldo Aymo.

La iniciativa, que pone a la provincia como precursora en a este tipo de control en rutas, se suma a las fiscalizaciones vigentes que se desarrollan en rutas y accesos del territorio santafesino, y constituye una estrategia de identificación rápida de personas infectadas Covid-19.

El protocolo implica que quienes ingresen a la provincia se les realice un cuestionario, se les mida la temperatura y realice un test de anosmia (prueba de olfato). Ante cualquier caso sospechoso, se realizará el hisopado correspondiente para la detección del Covid-19 en los puestos sanitarios instalados en el lugar.

“El objetivo es desarrollar una estrategia proactiva que puede determinar algún caso de manera temprana y, a partir de ahí, activar los correspondientes protocolos de acción y aislamiento”, remarcó Aymo.

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 La Junta constituida por un representante del Gobierno Municipal, Salud, Policía y Bomberos sigue realizando visitas sorpresas a personas y familias que están en cuarentena, a fin de constatar su efectivo cumplimiento.

Esta medida, que está en vigencia desde hace varias semanas, es una forma de bregar por la salud de la comunidad y de llevarle tranquilidad a los vecinos de que los estamos cuidando.

Es necesario que se respete la cuarentena por el bien de todos. Ante algún caso de incumplimiento, las denuncias se deben efectuar en la Policía llamando a los teléfonos 101 o al 454013.

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